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El posicionamiento del sector se centra en la diferencia de exigencias que, a su juicio, existe entre los productores europeos y los de países del bloque Mercosur. Los firmantes señalan que en la comarca se aplican requisitos en materia de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y obligaciones medioambientales y laborales, mientras que a los alimentos importados no se les impondrían condiciones equivalentes. Esa asimetría, indican, abarata costes fuera de la Unión Europea y presiona los precios de origen en el mercado interior.
La preocupación se extiende a las consecuencias económicas y sociales en el medio rural berciano. Los colectivos advierten de que la agricultura y la ganadería sostienen parte del empleo de la comarca y contribuyen al mantenimiento del territorio. En ese marco, sostienen que acuerdos de estas características pueden agravar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, acelerar el abandono del campo y dificultar el relevo generacional, ya de por sí complicado en muchos municipios.
Además del impacto en las cuentas de las explotaciones, los firmantes subrayan un problema de información al consumidor. Consideran que, si se permite la entrada de alimentos producidos bajo criterios más laxos, el comprador puede desconocer las condiciones reales de producción, tanto por el uso de determinados insumos como por la trazabilidad o el control efectivo de la cadena. En su planteamiento, el resultado sería una competencia desigual y una pérdida de valor para el producto local, que asume mayores costes para cumplir las normas europeas.
En su reclamación, el sector exige a las administraciones que adopten medidas para proteger a los productores de la comarca. Entre las peticiones figura la paralización del acuerdo y la aplicación del principio de reciprocidad, de manera que cualquier producto importado cumpla los mismos requisitos que se exigen dentro de la Unión Europea. También solicitan mecanismos de transparencia y control que permitan verificar el cumplimiento de esas condiciones, con sistemas de inspección y trazabilidad que no se queden en un trámite formal.
Por el momento, todavía no ha trascendido qué acciones concretas se articularán a nivel local o autonómico para trasladar estas demandas a las instituciones competentes. Los colectivos anuncian que mantendrán su posición y que seguirán reclamando garantías efectivas para evitar que el impacto del acuerdo se traduzca en un deterioro del tejido productivo del Bierzo.
