El artículo 30 de la Ley de Empleo enfatiza la necesidad de mantener una plantilla con perfiles técnicos especializados para garantizar una atención personalizada a las personas demandantes de empleo, incluidas aquellas con discapacidad. Esto se complementa con el artículo 55, que establece la obligación de los servicios públicos de empleo de garantizar una serie de servicios a las personas demandantes de empleo, con el análisis constante de su impacto y efectividad.
Por su parte, el Real Decreto 438/2024 detalla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, donde se incluyen servicios de orientación para el empleo personalizado, integral e inclusivo, entre otros. Estos servicios deben ser proporcionados por personal técnico orientador debidamente capacitado y con competencias profesionales visibles, evaluables y acreditables.
Sin embargo, la realidad en Castilla y León es diferente. En marzo de 2023, se rescindió la colaboración con entidades que prestaban el Servicio de Orientación Laboral en la región, lo que llevó al despido de profesionales acreditados por el ECYL en materia de Orientación Laboral. En su lugar, se contrató a personal directamente a través de la bolsa de Gestión, sin valorar la profesionalización y especialización en Orientación Laboral del personal contratado. Este personal finalizará su contrato en julio y, según nuestras fuentes, se realizarán nuevos llamamientos de la bolsa de empleo de la Bolsa de Gestión otra vez por tan sólo nueve meses y así sucesivamente. Desde las propias Gerencias del ECYL se quejan de la falta de profesionalidad y de tener que formar desde cero a los nuevos Orientadores para después de nueve meses tener que volver a formar las nuevas incorporaciones. Esto no solo desperdicia la limitada experiencia y formación de los actuales orientadores, sino que también agrava la situación al no proponer la creación de una Bolsa Específica de Orientadores Laborales, como reivindicamos desde el inicio desde ASORIENTACYL (Asociación de Orientadores Laborales de Castilla y León). Esta bolsa debería incluir a todos los orientadores que anteriormente ejecutaban el programa a través de entidades colaboradoras y que tienen experiencia y formación acreditada por el ECYL.
Esta situación genera una preocupante discrepancia entre la legislación vigente y la práctica real en materia de orientación laboral en Castilla y León. Es esencial que las autoridades regionales ajusten sus políticas de empleo a los principios establecidos en la legislación nacional, garantizando así la profesionalización y especialización del
personal orientador laboral y brindando un servicio de calidad a todas las personas demandantes de empleo en la región.
