CCOO ha acusado a la Gerencia Regional de Salud, con una plantilla de más de 40.000 personas de las que un 84 por ciento son mujeres, de "discriminar a sus trabajadoras" al no implantar el Plan de Igualdad que se aplica a las personas empleadas públicas que prestan servicios en la Junta.
CyL14 de mayo de 2024
RML
"El plan, firmado en febrero de 2021 y que actualmente se encuentra en ultra actividad, nunca ha formado parte de las actuaciones prioritarias de esta Gerencia, pese a que las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral", detalla el sindicato a través de un comunicado.
Este plan se negoció junto con las organizaciones sindicales "con la finalidad de alcanzar en el ámbito público la igualdad de trato, de oportunidades entre mujeres y hombres y de eliminar la discriminación por razón de sexo".
"Un plan que se estructura en ocho ejes de actuación y 94 medidas enfocadas a la transversalidad, difusión, formación, corresponsabilidad, igualdad en el acceso al empleo público, igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional así como en el desarrollo de una salud laboral enfocada con perspectiva de género y la atención a personas trabajadoras necesitadas de una atención especial que viven situaciones de acoso sexual o son víctimas de violencia de género", recuerda el sindicato.
Anualmente, se realiza una evaluación del cumplimiento en base a unos indicadores que permiten analizar la eficacia de las medidas en el ámbito laboral.
En este sentido, se han realizado dos evaluaciones en el seno de la comisión técnica de seguimiento de la que forma parte CCOO, una en 2023 y la actual en la que la Gerencia Regional de Salud presentó ante la comisión de seguimiento datos de 2023.
El análisis de estos datos destapa que la información que presentan ante la Comisión "no arroja la realidad de los centros de trabajo ni de las personas trabajadoras de Sacyl".
"Únicamente hace referencia a las personas trabajadoras de Servicios Centrales despreciando al resto de la plantilla que se encuentra en Atención Primaria, Atención Especializada y Emergencias. El no facilitar datos cuantitativos referentes a toda la plantilla impide la realización de un análisis que permita visibilizar las dificultades para implementar la igualdad de oportunidades y la eliminación de las brechas de género y techos de cristal", añade CCOO.
De entre los incumplimientos de las medidas, el sindicato destaca "que no se ha difundido el plan de igualdad entre la plantilla, ni se facilita el acceso, ni existe ninguna referencia al Plan de Igualdad en la página web de Sacyl en la pestaña de profesionales".
"Tampoco garantizan el uso del lenguaje inclusivo en la elaboración de normas, documentos, planes estratégicos... Además, la utilización de determinadas imágenes y campañas no apoyan la ruptura de imágenes y estereotipos sexistas. Véase la última campaña de sensibilización frente agresiones 2023 en la que aparece la imagen de un hombre con el eslogan 'Ellos cuidan de tu salud, respétales tú en su trabajo' cuando el número de mujeres agredidas en Sacyl asciende a 530 frente a 73 hombres", lamenta el sindicato.
CONCILIACIÓN
En esta misma línea, denuncian que no se ha impulsado la implantación de guarderías y/o ludotecas alrededor de los grandes centros de trabajo para permitir que las personas trabajadoras concilien la vida laboral y familiar con mayor facilidad, especialmente en situaciones como la turnicidad y nocturnidad.
"Además, no se ha realizado un estudio ni se ha facilitado el acceso a las mujeres con cargas familiares a la investigación y gestión clínica. Cabe recordar que son requisitos imprescindibles para obtener los grados de Carrera Profesional en especial en personal facultativo y personal de enfermería y que estos no se realizan dentro del horario laboral debido a la carga asistencial", continúa.
Tampoco se impulsa desde los Servicios de Salud Laboral la formación y la implantación de una salud laboral con perspectiva de género en base a que los riesgos en el trabajo afectan de una manera diferente a hombres y mujeres, ahonda el sindicato.
"Por lo tanto, CCOO recrimina la pasividad de la Gerencia Regional de Salud y exigimos la aplicación de las medidas establecidas en el plan de forma efectiva. Para ello algunas de las propuestas que hemos planteado en las reuniones de la Comisión de Seguimiento son la eliminación de desequilibrios en los puestos de responsabilidad o la creación de protocolos que minimicen los tiempos de espera para la concesión de permisos relacionados con la conciliación, la corresponsabilidad y el cuidado de menores y dependientes", continúa.
Otras propuestas radican en impulsar la creación de espacios (ludotecas, guarderías, centros de día) alrededor de los grandes centros de trabajo que permitan una conciliación "más flexible" de las personas trabajadoras y la adaptación de equipos de trabajo y de seguridad a la morfología de hombres y mujeres, en especial a las mujeres embarazadas.
CCOO también exige la realización de estudios de afectación de riesgos de manera diferente a hombres y mujeres, la elaboración de un catálogo de puestos que supongan un riesgo para las trabajadoras embarazadas, así como computar la formación transversal en materia de igualdad y perspectiva de género en todas las oposiciones, bolsas de empleo y carrera profesional, concluye el comunicado.
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Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.
El pleno extraordinario de Boñar del 9 de diciembre deja algo más que decisiones políticas genéricas: identifica expedientes concretos con graves anomalías contables y un saldo negativo de 33.805,28 euros. Las explicaciones técnicas se limitan a deslindar responsabilidades, mientras el foco se estrecha sobre quienes tenían el deber legal de control y corrección: la Alcaldía y la anterior Secretaría municipal.
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