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El Instituto Armado tuvo conocimiento de estos hechos en febrero del año 2022, gracias a la denuncia de una mujer vecina de la localidad de Cebreros, quien comunicó que podría haber sido víctima de una estafa, ocasionada por personas desconocidas, sin su consentimiento le habían hecho un cargo de 96,34 euros en su tarjeta bancaria, procedente de una empresa que ofrece una plataforma de compra venta de productos de segunda mano en Internet.
Para comprobar la veracidad de la presunta estafa, así como para ayudar a la posible víctima, se inició una serie de investigaciones tecnológicas y análisis informáticos, con lo que se logró determinar que la estafa se había producido sin su consentimiento, y los presuntos autores se aprovechaban de la infraestructura de cobros implantada en esa plataforma, para proceder a realizar el cargo fraudulento de la persona titular de la tarjeta bancaria.
Analizada la gravedad de los hechos, se decidió abrir la Operación Wallacard, ante sospechas fundadas de la posible existencia de más personas estafadas e intentar localizar, identificar y poner a disposición judicial a aquellas personas encargadas de realizar ese tipo de estafas telemáticas, según informaron fuentes de la Guardia Civil.
Del mismo modo, la Guardia Civil descubrió que el dinero estafado había sido transferido hacia dos cuentas bancarias abiertas con la identidad de un tercero, sin su conocimiento ni consentimiento, tras haberse apoderado de su documentación de forma fraudulenta, para realizar la apertura de las cuentas bancarias haciéndose pasar por éste, con el objetivo de intentar no ser descubiertos.
MÉTODO DE LA ESTAFA
Esta actividad delincuencial está basada en transferir el dinero defraudado por los cibercriminales a las cuentas abiertas con la identidad usurpada, y una vez allí, beneficiarse de esas cantidades económicas mediante varios métodos, como, por ejemplo, a través de sistemas de pago online, compras en empresas dedicadas a la compra-venta de monedas virtuales, empresas de compraventa y alquiler de dispositivos electrónicos, descubriendo con ello que los pagos fraudulentos habían ascendido a más de 11.000 euros.
En una de las empresas online defraudadas habían efectuado compras de dispositivos electrónicos de alta gama, valorados en unos 2.000 euros, que fueron recuperados y puestos a disposición judicial.
Del resultado final de los análisis tecnológicos, se consiguió identificar a un total de nueve personas como presuntas autoras de los hechos, explotando la Operación y poniendo a disposición judicial en calidad de investigadas a nueve personas, por los hechos anteriormente descritos.
Con esta operación policial se ha logrado erradicar a una banda cibercriminal dedicada a usurpar identidades de terceros, a estafar a personas a través de medios tecnológicos, utilizando para ello plataformas digitales como 'datáfonos' para beneficiarse económicamente.
