Investigado el alcalde de Congosto por un presunto delito contra la ordenación del territorio

El procedimiento judicial, registrado con las diligencias previas 1137/2023, aborda las actuaciones urbanísticas en una unidad de desarrollo donde residen 24 propietarios. Los afectados abonan el impuesto sobre bienes inmuebles como suelo urbano consolidado pese a que la zona carece de alumbrado público y mantiene los accesos como caminos de tierra, una situación que se prolonga desde la aprobación de las normas urbanísticas en el año 2010.

La tramitación del expediente conllevó desembolsos económicos directos por parte de los residentes, quienes asumieron 80.000 euros en concepto de documentación y planos, además de una garantía adicional de 10.000 euros para la ejecución de los trabajos. Los denunciantes reclaman la devolución de estas cuantías ante la falta de avance en las obras acordadas y señalan discordancias entre la realidad física del terreno y las descripciones que figuran en los registros catastrales oficiales.

El desencadenante de las acciones legales se produjo en 2023, cuando se autorizó la instalación de una valla perimetral y el vertido de escombros en la calle por parte de otro titular, afectando al trazado de un camino y a la red de transporte N-VIe. A pesar de los informes emitidos por las autoridades que acudieron al lugar, el muro permanece en pie sin que se hayan aplicado medidas correctoras en el vial.

La instrucción de la causa se encuentra finalizada, a la espera de la emisión del informe por parte del Ministerio Fiscal antes de que el juzgado determine el envío de la exposición razonada al Tribunal Supremo, dada la condición de senador que ostentaba el regidor durante la tramitación. De forma paralela, la representación legal de los afectados estudia ampliar las acciones querellándose por prevaricación y solicitando indemnizaciones por los daños derivados del bloqueo urbanístico.

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