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La demanda judicial tiene su origen en el acuerdo alcanzado en el pleno extraordinario del 19 de junio de 2025. En dicha sesión se aprobó modificar el texto regulador de la tasa por ocupación del suelo y vía pública para los puestos del mercadillo tradicional, pasando de metros cuadrados a metros lineales. Aunque el equipo de gobierno planteó inicialmente un incremento tarifario de casi el 60%, la oposición forzó la aprobación del cambio de redacción sin que supusiera un aumento en las cuantías económicas para los comerciantes.
El procedimiento judicial contencioso incoado en la capital berciana argumenta que el ejecutivo local no está aplicando el acuerdo plenario de forma rigurosa, lo que genera una situación de inseguridad jurídica. Sin embargo, esta estricta exigencia de cumplimiento normativo choca con la postura mantenida ante la gestión de la ocupación de la vía pública y las licencias en otros consistorios leoneses como el de Boñar.
En el municipio de Boñar, las dudas sobre la transparencia administrativa y la posible existencia de irregularidades en el control de la vía pública han generado persistentes cuestionamientos en materia de anticorrupción. La contundencia con la que se acude a los tribunales en Ponferrada pone de manifiesto una estrategia de doble rasero, donde la rigidez en la fiscalización de los espacios públicos varía en función de la sigla política que ostente la responsabilidad de gobierno en cada ayuntamiento.
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