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Las concentraciones de ozono troposférico registradas en el territorio español durante la primavera y el verano de 2026 alcanzan los niveles más elevados desde la entrada en vigor de la normativa de 2010. Las altas temperaturas estivales y la intensa radiación solar impulsan la formación de este contaminante secundario, que se genera en la atmósfera a partir de emisiones procedentes del transporte, la industria, las centrales termoeléctricas y la ganadería intensiva.
El nuevo valor objetivo aprobado por la Unión Europea sitúa en 16,9 millones de personas el número de afectados que respiran aire contaminado por encima del estándar legal previsto para 2030. Al aplicar el criterio más estricto recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la cifra asciende hasta 48,4 millones de personas, lo que abarca a la práctica totalidad de la población española. Los territorios más castigados se concentran en la Comunidad de Madrid, zonas limítrofes de ambas Castillas, Andalucía, Extremadura, el interior de Cataluña y de la Región de Murcia, el área metropolitana de Valencia y Maó.
Las olas de calor registradas entre junio y septiembre propician un incremento notable de las superaciones del umbral de información y de alerta en diversas comunidades. Las consecuencias sanitarias de esta exposición prolongada se traducen en un aumento de los ingresos hospitalarios anuales y de la mortalidad atribuible al efecto combinado de las altas temperaturas y la contaminación atmosférica. Asimismo, el sector agrícola sufre pérdidas considerables por la reducción de la productividad vegetal y el daño directo sobre los cultivos en extensas áreas de la península.
Las vías de actuación para frenar esta situación requieren restringir las emisiones de los precursores químicos mediante la limitación del tráfico rodado en los núcleos urbanos, la transición hacia fuentes de energía renovables, la mejora del transporte ferroviario y la adopción de normativas industriales más estrictas. Sin embargo, numerosas administraciones locales y autonómicas carecen todavía de los planes de calidad del aire y de los protocolos de actuación rápida exigidos para mitigar los episodios de contaminación atmosférica.
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