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El nuevo texto normativo se fundamenta en un análisis económico que fija el coste anual del servicio en 11,07 millones de euros, de los cuales 6,03 millones corresponden a las labores de recogida y 5,04 millones al tratamiento posterior de los desechos. La estructura de la cuota se divide en dos componentes principales para ajustar el cobro a criterios de equidad. Por un lado, la tarifa básica incluye una cantidad fija de 24,73 euros anuales combinada con un porcentaje del 0,066 por ciento aplicado al valor catastral del inmueble como indicador de la capacidad económica. Por otro lado, la tarifa por generación estima el volumen de residuos producido considerando la superficie y el número de empadronados en el caso de las viviendas, o la superficie y la actividad comercial para los establecimientos económicos.
El recibo medio residencial se situará en 94,91 euros, lo que representa un incremento aproximado de seis euros respecto a las tarifas anteriores y un crecimiento del 5,6 por ciento que se sitúa por debajo del índice general de precios acumulado. La ordenanza incorpora reducciones específicas, como una bonificación del 50 por ciento para familias numerosas en su domicilio habitual y un descuento del 2 por ciento por la domiciliación bancaria del pago fraccionado en dos plazos. Asimismo, la normativa contempla regulación específica para inmuebles desocupados sin suministros y locales comerciales que carecen de actividad.
La implantación de esta tasa busca corregir desajustes anteriores y establecer un reparto equilibrado de los costes del servicio municipal entre los usuarios. Paralelamente, el consistorio ha puesto en marcha los trámites administrativos necesarios para proceder a la devolución de los importes cobrados bajo la anterior ordenanza que fue anulada por los tribunales.
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