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La iniciativa se someterá a votación en los plenos de Boñar, Cármenes, Crémenes, Cistierna, Garrafe de Torío, La Vecilla, Matallana de Torío, Pola de Gordón, Puebla de Lillo, Reyero, Riaño, Sabero, Santa Colomba de Curueño, Valdelugueros, Valdepiélago, Vegacervera y Villamanín. Las entidades promotoras alertan sobre el fraccionamiento de los expedientes para esquivar controles ambientales estrictos y denuncian los riesgos que esta actividad entraña para la salud pública y el patrimonio natural.
El proceso obligará a los representantes públicos a retratarse de manera inequívoca en cada consistorio. Será indispensable un examen minucioso del sentido del voto y de la posición fijada por cada ayuntamiento, donde se anticipan respuestas que llamarán poderosamente la atención y que no irán precisamente orientadas a proteger los intereses ni el bienestar de sus vecinos. Por ello, resulta prioritario extremar el seguimiento sobre las decisiones de los equipos de gobierno que opten por alinearse con las empresas promotoras o eludan un compromiso firme en la defensa del territorio.
El debate pone de manifiesto una dinámica de subordinación territorial en la gestión de recursos. Mientras que los costes ecológicos, el deterioro del paisaje y la afección a la salud quedan en las zonas rurales, las decisiones estratégicas, las rentas económicas y el empleo de mayor cualificación continúan concentrándose fuera de las comarcas afectadas.
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