El decreto de alquileres indefinidos fijará indemnizaciones para los arrendatarios si el propietario rescinde el contrato

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detallado el contenido del decreto ley que introduce la conversión de los contratos de alquiler de vivienda en indefinidos. La medida, que afronta su votación para convalidación o derogación en el Congreso de los Diputados este viernes, contempla que la interrupción del contrato por decisión unilateral del arrendador obligará a abonar una indemnización a los inquilinos cuando no concurra una causa justificada.

El texto regula la prórroga automática una vez transcurrido el periodo de cinco años cuando la parte arrendadora sea una persona jurídica. Como excepciones válidas para evitar la renovación sin penalización económica se fijan la necesidad acreditada del propietario de ocupar el inmueble como residencia habitual o su destino para el uso de un familiar directo. Este mecanismo busca asimilar la resolución de las relaciones arrendatarias a esquemas de protección similares a los del ámbito laboral.

La iniciativa persigue aportar estabilidad al mercado del alquiler e impedir la sustitución sistemática de arrendatarios al término de las anualidades fijadas para incrementar las rentas o destinar los inmuebles al uso turístico. Junto a la prórroga de los contratos, la regulación forma parte del paquete de decretos aprobados en el Consejo de Ministros encaminados a la contención de precios y a la ordenación del parque residencial.

El proceso legislativo continuará con la tramitación de las cuentas públicas, donde se prevé la inclusión de medidas fiscales dirigidas a desincentivar la concentración de propiedad inmobiliaria y la promoción de vivienda de titularidad pública.

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