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Las actuaciones de la denominada operación "Victoria" comenzaron en abril de 2025 tras la denuncia presentada por la víctima. En la comunicación inicial, los autores del engaño argumentaron que el teléfono habitual de la hija se había averiado y que por ese motivo utilizaban una línea diferente para solicitar el dinero.
Para lograr la transferencia rápida del efectivo, argumentaron la necesidad urgente de abonar un crédito que vencía el mismo día. La imposibilidad formulada de operar desde el teléfono supuestamente averiado llevó a la víctima a realizar el ingreso de 9.850 euros a través de la aplicación telemática de su entidad bancaria.
El análisis técnico de las conversaciones mantenidas y el rastreo del itinerario del dinero transferido permitieron esclarecer la autoría del fraude y poner a la persona identificada a disposición de la autoridad judicial.
Esta modalidad delictiva se apoya en el uso de mensajes SMS o aplicaciones de telefonía para suplantar la identidad de familiares directos. Los responsables suelen recabar información previa en los perfiles de redes sociales de los afectados con el objetivo de detectar datos sobre su entorno personal, como la residencia fuera del hogar, viajes o situación de emancipación de los hijos.
Con estos antecedentes, inician el contacto desde un número desconocido excusándose en un fallo, avería o pérdida del dispositivo habitual. A continuación, plantean un escenario de emergencia basado en supuestos accidentes, multas, averías de equipos informáticos o bloqueos de tarjetas bancarias para exigir un envío urgente de fondos mediante transferencias o aplicaciones de pago instantáneo. La presión psicológica empleada busca precipitar el envío del dinero antes de que el afectado compruebe la veracidad del mensaje recibido.
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