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El balance de las actuaciones desarrolladas en la capital leonesa revela que entre julio de 2025 y junio de 2026 se identificaron 19 inmuebles nuevos, entre pisos y apartamentos. Esta concentración de la actividad en recintos cerrados dificulta el trabajo de campo de las unidades de mediación y exige una actualización constante de las rutas de visita para mantener la cobertura sociosanitaria sobre las personas afectadas.
A lo largo del periodo analizado se llevaron a cabo 441 intervenciones de carácter formativo y preventivo en la ciudad, de las cuales 358 estuvieron centradas en el ámbito de la salud. La asistencia prestada combina apoyo social, psicológico, asesoramiento jurídico y mediación laboral frente a situaciones complejas vinculadas al acceso a la vivienda, la regularización administrativa o la inserción en el mercado de trabajo. De forma complementaria, el personal municipal recibió cinco módulos de capacitación orientados a garantizar un trato inclusivo.
En el cómputo global de Castilla y León se atendió a 1.266 personas y se realizaron visitas a 182 recintos privados durante el año 2025. Los indicadores reflejan que el 51,73 por ciento de las personas abordadas no conocía los servicios sociales públicos. Asimismo, dentro del colectivo de origen migrante, un 38,81 por ciento carecía de tarjeta sanitaria y el 25,37 por ciento no se encontraba empadronado en sus respectivos municipios.
Las acciones de proximidad permiten identificar indicios de posible trata o explotación sexual para activar la derivación hacia recursos especializados. El protocolo asistencial mantiene la diferenciación entre las situaciones de explotación coercitiva y el ejercicio de la prostitución, adaptando la respuesta a las circunstancias de cada usuario.
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