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Las indagaciones de la UCO sobre el patrimonio de Alberto González Amador han puesto el foco de nuevo en la localidad leonesa de La Pola de Gordón. Los análisis de la Unidad Central Operativa vinculan la actividad inspectora a una sociedad mercantil radicada originalmente en la oficina de farmacia de este municipio de la Montaña Central. La mercantil, presuntamente adquirida por la pareja de la presidenta madrileña, estuvo gestionada de forma directa por la madre del actual farmacéutico del establecimiento, sirviendo como pieza en una estructura de facturación bajo sospecha judicial.
Los agentes especializados han determinado que la firma adquirida en el entorno rural leonés operaba sin disponer de los recursos materiales ni del personal técnico mínimo para ejecutar las labores de consultoría y gestión sanitaria contratadas. Quirón efectuó pagos integrales a esta sociedad a lo largo del ejercicio de 2021. Sin embargo, el examen físico de las dependencias y de los flujos de trabajo revela que la firma carecía de capacidad operativa real, lo que refuerza las sospechas sobre la simulación de contratos para canalizar fondos y desviar beneficios fiscales hacia el entramado personal de González Amador.
La vinculación con la farmacia de La Pola de Gordón resulta clave para recomponer el origen de la mercantil. La sociedad, dedicada sobre el papel a servicios de estética y consultoría, estuvo ligada estrechamente a la anterior titular de la botica, madre de la persona que regenta en la actualidad el negocio familiar en el municipio. Antes de formalizarse la venta de las participaciones a González Amador, la antigua responsable llegó a figurar como socia única de la empresa. Una vez bajo control del comisionista, la firma comenzó a emitir facturas cruzadas, incluyendo el cargo de gastos particulares como el alquiler de vehículos de alta gama a nombre de la farmacéutica.
El cruce de datos financieros indica que esta estructura instrumental en León se utilizó de forma sistemática para justificar ingresos procedentes del grupo sanitario privado, coincidiendo con el período de expansión de contratos de la pandemia. El rastreo de la documentación contable y las inspecciones en la comarca confirman que las prestaciones facturadas no dejaron huella de actividad real en la localidad, convirtiendo la histórica farmacia de la Montaña Leonesa en el epicentro de las pesquisas para dirimir los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
