El Gobierno autoriza una inversión de 34,37 millones de euros para la conservación de carreteras estatales en la provincia de León

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de un contrato para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de León. La inversión asignada para este lote territorial asciende a 34,37 millones de euros, IVA no incluido, y se enmarca dentro de un paquete global de 184,4 millones destinado a varias provincias de la comunidad autónoma.

El contrato tiene por objeto asegurar las condiciones de circulación y seguridad en el denominado sector 2 de las carreteras estatales de la provincia. Las actuaciones previstas se desarrollarán de forma prioritaria en trazados de gran capacidad, como la autovía de la Ruta de la Plata, A-66, en el tramo comprendido entre los kilómetros 143 y 196, así como en las principales vías de circunvalación y acceso a la capital leonesa: la LE-30, la LE-11 y la LE-20. El plan de mantenimiento se aplicará asimismo en diversos tramos de la red de carreteras nacionales, incluyendo la N-120, la N-601, la N-630 y la N-621.

El modelo de gestión elegido por la administración central se basa en contratos mixtos que combinan la prestación de servicios y la ejecución de obras. De este modo, las empresas adjudicatarias asumirán los trabajos ordinarios de ayuda a la vialidad, la vigilancia de los trazados, la atención ante la ocurrencia de accidentes y el despliegue de los servicios de vialidad invernal. Dentro de las mejoras técnicas concretas para las carreteras leonesas, los pliegos recogen un proyecto de optimización del balizamiento en la carretera N-630, entre los kilómetros 99,6 y 138, donde se instalarán hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve en ambas márgenes de la calzada.

La adjudicación de estos servicios tendrá una vigencia inicial de tres años. No obstante, las condiciones administrativas contemplan la posibilidad de otorgar una prórroga ordinaria por un periodo de dos años, a la que se podría sumar una extensión adicional por un máximo de nueve meses.

Para acceder a este concurso público, las empresas del sector deberán incorporar criterios de sostenibilidad y reducción de la huella ecológica en sus operaciones. Entre las exigencias se encuentra la implantación de sistemas de autoconsumo energético, el uso de tecnologías de ahorro en el alumbrado de las carreteras y la progresiva incorporación de vehículos eléctricos a las tareas de mantenimiento. La firma que resulte seleccionada estará obligada a presentar un plan de descarbonización detallado en los primeros seis meses de contrato para neutralizar las emisiones derivadas de su actividad.