RML
El primer Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de la presente legislatura ha aprobado una modificación de su estructura orgánica mediante la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Este nuevo departamento técnico central asumirá de forma directa las competencias sectoriales y pasará a depender de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, un área dirigida por María González Corral. El cargo directivo será ocupado por Ángel Sánchez Martín, quien venía desempeñando hasta la fecha la jefatura del Servicio de Incendios dentro de la administración autonómica.
La creación de este órgano específico de gestión responde a la evolución de los fuegos forestales, caracterizados de manera reciente por una mayor intensidad, capacidad de propagación y virulencia sobre el terreno. El ejecutivo autonómico fundamenta este desdoblamiento competencial en el hecho de que estas situaciones de emergencia se han convertido en un factor de riesgo recurrente a lo largo de los doce meses del año, si bien muestran un repunte estacional estadístico durante los meses de verano.
Castilla y León dispone de la mayor masa forestal registrada en todo el territorio español. Las zonas boscosas y de monte representan el 54,5% de la superficie geográfica global de la Comunidad, una particularidad territorial que ha motivado la necesidad de adecuar las estructuras directivas para blindar el entorno natural frente a eventuales siniestros. La actividad del nuevo departamento se orientará a salvaguardar los espacios verdes de valor ecológico, así como las infraestructuras, bienes patrimoniales, núcleos de población y la seguridad de los residentes en el entorno rural.
La reordenación organizativa aprobada por el Consejo de Gobierno implica una redistribución interna de las atribuciones que gestionaban los restantes órganos directivos centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía. A través de este nuevo marco administrativo, la dirección general buscará una especialización concreta de las tareas de prevención durante las épocas de peligro bajo y medio, así como una coordinación técnica óptima en la movilización y el despliegue de los recursos humanos y materiales destinados a las tareas de extinción en el territorio de las nueve provincias.
