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La Diputación de León ha completado únicamente el 30% del Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, una iniciativa de desarrollo que comenzó su andadura en el año 2020. El balance de gestión del programa se dio a conocer durante la última sesión plenaria de la institución provincial, un escenario en el que se constató que restan apenas seis meses para que expire la prórroga del plazo de ejecución fijado para las inversiones.
Las previsiones técnicas actuales indican que el porcentaje final de realización de las obras y proyectos difícilmente superará el 70% del total presupuestado. Esta ralentización en los expedientes administrativos implica que la Montaña Oriental de la provincia dejará de percibir alrededor de 750.000 euros en inversiones destinadas a la dinamización del sector turístico local. Las bases del plan obligaban a justificar la totalidad de los fondos asignados para evitar la devolución de las subvenciones concedidas por las administraciones central y autonómica.
La responsabilidad de la gestión integral de las partidas recae directamente sobre la administración provincial. No obstante, los ayuntamientos de las zonas beneficiadas han tenido que aportar avales técnicos y económicos para aproximadamente el 50% de las actuaciones que afectan de manera específica a sus respectivos términos municipales.
El retraso acumulado es visible en actuaciones transversales del plan, como ocurre con la licitación del denominado ecosistema tecnológico, un proyecto presupuestado en más de 300.000 euros. La Diputación de León asumirá ahora la licitación y el control técnico de esta plataforma durante los próximos cinco años. Este cambio de criterio altera la planificación vigente hace seis meses, que contemplaba que la gestión y el aval de la herramienta digital correspondieran al Grupo de Acción Local o a los propios municipios implicados.
El convenio original para el desarrollo turístico de la Montaña de Riaño se firmó inicialmente con una vigencia de tres años. Ante la imposibilidad de cumplir los plazos estipulados, el documento administrativo se prorrogó por un periodo adicional de otros tres años, un plazo de seis años en total que concluye de forma definitiva a finales de este ejercicio.
