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La configuración de las áreas de gobierno introduce una modificación estructural mediante la implantación de dos áreas de coordinación superior. La primera de estas áreas institucionales unifica las materias de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, delegando su titularidad en Carlos Pollán Fernández, quien asume el cargo de vicepresidente primero. De forma paralela, la Vicepresidencia Segunda concentra la gestión directa sobre las políticas de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, lucha contra la Despoblación y el sistema de Protección Civil, bajo la responsabilidad de Isabel Blanco Llamas.
El núcleo de la representación política distribuye las responsabilidades técnicas a través de carteras especializadas. La operatividad administrativa interna se mantiene en la Consejería de la Presidencia con Luis Miguel González Gago, mientras que el control financiero y la portavocía gubernamental recaen sobre Carlos Fernández Carriedo desde la Consejería de Economía y Hacienda. La actividad de los sectores productivos se agrupa en la cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, asignada a Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
El tratamiento regulatorio de las áreas naturales y los recursos productivos se divide en dos departamentos independientes. La gestión de los recursos energéticos y la sostenibilidad ambiental se otorga a María González Corral al frente de Medio Ambiente y Energía. Por otra parte, la dirección de los sectores agrícolas y ganaderos se unifica en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que pasa a ser gestionada por Joaquín Antonio Pino.
La modernización tecnológica y los pilares de atención social se completan con la designación de los cuatro cargos restantes. Cristina Sanchidrián Blázquez asume el despliegue de las infraestructuras de conectividad en la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Los servicios públicos esenciales se reparten entre Alejandro Vázquez Ramos en Sanidad y Bienestar Social, María Pardo Álvarez en el área de Educación, y José Alberto Díaz Pico en la delegación de Cultura, Turismo y Deporte.
La incorporación formal de los nuevos consejeros al organigrama de la comunidad se escenificará el próximo lunes 15 de junio en las dependencias oficiales de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El inicio de la actividad ejecutiva arrancará ese mismo día con la sesión constitutiva del Consejo de Gobierno, orientada a desplegar las prioridades marcadas para el mandato de cuatro años.
