RML
El escrito de acusación señala que el establecimiento no cumplió con la normativa ambiental vigente, que obliga a la retirada previa y entrega de los residuos de los sistemas de aire acondicionado y climatización a gestores autorizados. En lugar de proceder al tratamiento preceptivo, la planta emitió directamente a la atmósfera los componentes químicos procedentes de un total de 2.125 vehículos que causaron baja en las instalaciones del negocio durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2022.
La vista oral por estos hechos tendrá lugar el próximo día 15 en la Audiencia Provincial de León. El Ministerio Público imputa a los encargados del desguace un delito contra el medio ambiente. Además de la pena privativa de libertad, la petición del fiscal incluye una sanción económica de un año y ocho meses con una cuota diaria de seis euros, junto a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad profesional relacionada con la gestión de residuos o centros autorizados de tratamiento durante un periodo de dos años.
Los informes técnicos integrados en la causa cifran el volumen total de la emisión ilegal en 308,19 kilogramos de gas refrigerante. Esta cantidad de compuesto volátil liberado equivale al impacto ambiental de 440 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. El perjuicio económico directo derivado de esta falta de tratamiento se ha tasado oficialmente en 20.000 euros, motivo por el cual la acusación pública reclama el doble de dicha cuantía en concepto de multa para la sociedad.
La legislación del sector penaliza de forma estricta la omisión de los procesos de descontaminación de fluidos en los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) al final de la vida útil de los automóviles. Los gases que emplean los sistemas de refrigeración de los coches están catalogados como sustancias de alto impacto para el calentamiento global, por lo que su extracción segura es un requisito indispensable antes de proceder al desguace o prensado de la estructura metálica de los bastidores.
