PACMA recurrirá la declaración del Toro Júbilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural

La formación política formalizará el recurso contra esta resolución, que busca otorgar al Toro Júbilo una protección especial de carácter inmaterial. El procedimiento administrativo, impulsado por una proposición no de ley presentada el año pasado, ha sido objeto de controversia desde su inicio. La entidad, que obtuvo el reconocimiento como parte interesada en el expediente, mantiene que el festejo se encuentra inmerso en un proceso judicial en curso relativo a su legalidad.

El origen de la disputa jurídica se remonta a la autorización previa del espectáculo. Aunque una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia revocó una decisión judicial anterior sobre este evento, el fallo se fundamentó en cuestiones procesales relativas a la capacidad de poder recurrir el acuerdo, sin entrar en el fondo del asunto. PACMA ha iniciado ahora una nueva acción legal contra la autorización administrativa emitida por el gobierno autonómico, la cual ya ha sido admitida a trámite.

La argumentación presentada por el Partido Animalista cuestiona la validez documental del proceso de declaración. La organización sostiene que, pese a las referencias a una antigüedad histórica superior a dos siglos que justificarían la protección patrimonial, no se han aportado pruebas documentales verificables que respalden dicha trayectoria temporal en el expediente. Asimismo, la formación critica la calidad técnica de los informes periciales incorporados al procedimiento, al considerar que carecen de rigor científico.

El Toro Júbilo de Medinaceli cuenta con el reconocimiento de espectáculo taurino tradicional desde 2002. Durante las dos décadas posteriores a esa catalogación, no se registró ninguna iniciativa oficial por parte de las administraciones locales, autonómicas o de los promotores del festejo para elevar su estatus administrativo a la categoría de Bien de Interés Cultural. La actual tramitación se puso en marcha tras una propuesta parlamentaria orientada a blindar la celebración frente a las impugnaciones judiciales que cuestionan su encaje en la normativa vigente.

La formación animalista mantiene que la aprobación de este expediente administrativo por parte del Consejo de Gobierno contraviene el principio de legalidad. El equipo jurídico del partido prepara actualmente la demanda, centrada en demostrar la ausencia de fundamentos legales que justifiquen una protección especial para este espectáculo. Por su parte, la Junta defiende la medida como un instrumento para garantizar la continuidad del festejo y reconocer su valor identitario dentro de la comunidad autónoma.