Las adjudicatarias del anterior servicio de mantenimiento de carreteras reclaman judicialmente la actualización de precios tras seis años de congelación

Las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras han presentado una denuncia en los juzgados para exigir la actualización de los precios percibidos entre los años 2017 y 2023. La reclamación judicial se fundamenta en la ausencia de revisiones económicas durante las sucesivas prórrogas del servicio, un periodo marcado por un encarecimiento generalizado de los costes de los materiales y el impacto de la crisis inflacionista global. Las compañías adjudicatarias solicitan que la administración competente abone la diferencia correspondiente al aumento del mercado durante dicho sexenio, además de los intereses de demora derivados del retraso administrativo.

El conflicto económico se remonta a la adjudicación original del servicio en el año 2015, formalizada en dos lotes geográficos diferenciados —zona oriental y zona occidental— por un importe anual de 1,5 millones de euros para cada sector. El pliego de condiciones técnicas contemplaba una vigencia inicial de dos años con una posibilidad de prórroga máxima de otras dos anualidades, fijando el límite contractual regular en 2019. Sin embargo, la vigencia de las condiciones se extendió de forma continuada mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento ante la falta de una nueva licitación en plazo.

Las empresas sostienen que las prórrogas aprobadas en 2018 y 2019 daban derecho a una revisión de precios en la partida de obra, amparándose en el pliego de 2015 y en el posterior decreto-ley estatal 4/2022 de medidas extraordinarias para la obra pública. Por el contrario, la administración titular de la red viaria desestimó las solicitudes previas por la vía administrativa alegando que el redactado del contrato inicial no recogía de forma explícita ninguna cláusula de indexación o actualización de valores económicos.

El relevo definitivo en la gestión de las carreteras provinciales no se consolidó hasta el año 2023, fecha en la que entró en vigor el actual acuerdo de conservación tras un largo proceso administrativo. Un primer intento de licitación convocado en 2021 quedó paralizado debido a que la consultora pública dependiente del Ministerio de Transportes rechazó asumir la valoración de las ofertas técnicas. El contrato vigente en la actualidad supuso una reestructuración de las partidas presupuestarias, elevando la asignación económica hasta los 3 millones de euros anuales para cada una de las dos zonas de cobertura.