El Ministerio de Transportes y Renfe descartaron la compra de los trenes-tram para la línea ferroviaria de León

La exclusión definitiva de los cinco trenes-tram destinados a la red ferroviaria de León quedó formalizada mediante la Adenda número 6 del contrato regulador de los servicios públicos de cercanías y ancho métrico entre la Administración General del Estado y Renfe Viajeros. El documento oficial estipula la adquisición alternativa de 18 trenes de ancho métrico, anulando formalmente el lote original de trenes-tram que ya había sido comunicado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La resolución de este descarte contractual motivó la presentación de una petición técnica fundamentada en la Ley de Transparencia para conocer los criterios jurídicos y administrativos de la supresión. La entidad ferroviaria pública determinó la inadmisión de dicha solicitud alegando que los requerimientos exigían un proceso específico de reelaboración de informes y valoraciones jurídicas ajenas a la consideración estricta de información pública preexistente.

El planeamiento inicial de integración del trazado ferroviario acumulaba una década de demoras vinculadas a la licitación del material rodante compatible con la plataforma urbana construida. Aunque el compromiso de adquisición se mantuvo dentro de los planes generales de renovación del parque móvil adscrito a las obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027, la modificación de las cláusulas técnicas extingue la previsión de implantar este modelo de transporte híbrido en el tramo leonés. Tras las reestructuraciones operativas, el plan global de actualización conserva la tramitación pendiente para 25 trenes eléctricos de ancho métrico.

Ante la supresión técnica del proyecto de movilidad, colectivos civiles del ámbito ferroviario formalizaron la convocatoria de una marcha de protesta que recorrerá el trazado comprendido entre las localidades de Guardo y León. Las movilizaciones se desarrollarán de manera continuada entre el 30 de junio y el 5 de julio con el propósito de reclamar mejoras estructurales en la actual línea C1 de cercanías.

El debate sobre el futuro de la infraestructura abarca también propuestas en el ámbito legislativo autonómico. El vigente acuerdo programático de gobierno en Castilla y León contempla directrices orientadas a la renovación material de la línea férrea, la optimización de los sistemas técnicos y la garantía de acceso directo de los convoyes hasta la estación central de Padre Isla en la capital. Para viabilizar estas reformas normativas, se plantea la idoneidad de que la administración regional asuma de forma directa las competencias ferroviarias reguladoras en el entorno urbano.