Una nueva agresión en la prisión de Mansilla de las Mulas reaviva las críticas contra el protocolo de seguridad

El suceso se enmarca en un escenario de creciente conflictividad laboral caracterizado por la falta de personal y la ausencia de medidas de protección eficaces. Los representantes de los trabajadores señalan de manera directa la inoperancia de las políticas preventivas vigentes en la administración penitenciaria. En concreto, la normativa actual de actuación contra la violencia recibe críticas por centrarse exclusivamente en las pautas posteriores al incidente, en lugar de corregir de raíz las causas estructurales que generan la hostilidad en los módulos.

Las condiciones generales de la infraestructura agudizan los problemas de seguridad vial e interna en los recintos del Estado. Los balances del sector muestran un repunte sostenido de la población reclusa que coincide, a su vez, con un incremento de internos con perfiles de alta conflictividad y con una crisis estructural en la atención sanitaria penitenciaria. Esta confluencia de factores incide de forma negativa en las rutinas de los funcionarios de prisiones y eleva el riesgo de siniestralidad laboral.

Ante la reiteración de los ataques, los agentes sociales exigen la derogación inmediata del protocolo estatal contra agresiones con el objetivo de negociar un nuevo marco de seguridad fundamentado en la evaluación real de riesgos y la protección física de los operarios. El plan de contingencia demandado exige una serie de reformas operativas inmediatas que modifiquen el funcionamiento de las instalaciones hídricas y de vigilancia de los centros de Castilla y León.

La tabla de reclamaciones laborales incluye el refuerzo de las plantillas mediante la cobertura de las plazas vacantes y una actualización del reconocimiento tanto profesional como retributivo del colectivo. Asimismo, las peticiones sectoriales contemplan el desarrollo normativo de la jornada laboral de 35 horas semanales y la aplicación de los coeficientes reductores pertinentes para que la función funcionarial reciba la consideración de profesión de riesgo, permitiendo el acceso a la jubilación anticipada.