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La situación del operativo contra incendios forestales en Castilla y León presenta graves deficiencias a las puertas de la campaña estival debido al incumplimiento de los acuerdos laborales por parte de la Junta. Un año después de que el fuego calcinara 220.000 hectáreas en la comunidad, 150.000 de ellas en la provincia de León, los servicios de extinción se encuentran en peor estado que en el ejercicio anterior. La administración autonómica no ha ampliado las plantillas, mantiene vacantes sin cubrir y ha omitido la formación técnica de los trabajadores para afrontar los fuegos de nueva generación.
El conflicto laboral afecta de manera directa a las brigadas de gestión privada, integradas por más de mil operarios. Las empresas adjudicatarias han comunicado la imposibilidad de asumir los costes derivados de las medidas de prevención de riesgos laborales y plantean un cierre patronal. Esta medida paralizará la actividad de este colectivo e impedirá su participación en las tareas de extinción. Asimismo, el compromiso de transformar este operativo privado en un servicio público en un plazo de cuatro años permanece paralizado.
La falta de previsión durante los meses de invierno ha impedido realizar las tareas de limpieza de combustible en los montes. Aunque los acuerdos contemplaban la ampliación a doce meses del contrato de los bomberos forestales, la ausencia de directrices y de formación para el periodo fuera de campaña ha vaciado de contenido esta medida. Tampoco se han establecido las prohibiciones y obligaciones pertinentes reguladas por las diferentes épocas de peligro.
El déficit de personal civil es especialmente crítico en la provincia de León. Frente a los 350 agentes forestales que custodian 8.000 kilómetros cuadrados en Madrid, el territorio leonés dispone de 160 agentes para una superficie de 15.600 kilómetros cuadrados. En toda la comunidad autónoma, la Relación de Puestos de Trabajo fija un millar de plazas, pero solo 750 empleados están en activo para dar cobertura a 4,8 millones de hectáreas forestales.
A esta escasez de recursos humanos se suma el deterioro de los medios materiales. En León, dos de las 18 torretas de vigilancia están clausuradas por fallos estructurales y la mitad carece de personal completo. El parque de camiones autobomba opera bajo mínimos, con solo tres vehículos en servicio activo de una flota total de 16 durante el último fin de semana. Por último, la licitación pública para la incorporación de dos helicópteros de refuerzo ha quedado desierta.
