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El Consejo de Gobierno ha autorizado el fletamento total de un helicóptero de Protección Civil medicalizado destinado a la atención de emergencias en Castilla y León, con un presupuesto de licitación de 2.497.278 euros. El servicio busca garantizar la disponibilidad permanente de una aeronave para actuaciones de búsqueda, rescate, socorro y salvamento en entornos de difícil acceso, así como para traslados médicos urgentes, evacuaciones y apoyo logístico.
La administración autonómica impulsa esta contratación mediante la tramitación urgente de un nuevo expediente. Esta medida se toma después de que el procedimiento licitado a comienzos de 2026 quedara desierto al no presentarse ninguna oferta por parte de las empresas del sector.
El helicóptero tendrá su base operativa en Sahechores de Rueda, en la provincia de León. Desde esta ubicación, la aeronave podrá intervenir en cualquier punto del territorio de Castilla y León, así como de manera puntual en las comunidades autónomas limítrofes cuando los servicios de emergencia de esos territorios así lo requieran.
La aeronave asignada al servicio contará con un motor biturbina, tren de aterrizaje tipo esquí, grúa de rescate, dos camillas y sistemas de comunicación específicos para situaciones de emergencia, además de una capacidad de ocho plazas aparte de la del piloto.
Por su parte, el equipo de rescate humano estará integrado por un piloto, un operador de grúa, un médico, un enfermero-rescatador y un segundo rescatador. Todo el personal especializado mantendrá una presencia física permanente en la base leonesa para asegurar la capacidad de activación del helicóptero durante todos los días del año.
Aparte de las funciones principales de rescate y salvamento, el contrato estipula la ejecución de labores de emergencia médica, búsqueda de personas, transporte de material y víveres, y la realización de reconocimientos aéreos. El dispositivo servirá también de apoyo logístico a los diferentes planes de Protección Civil regionales, como los destinados a la intervención ante el riesgo de inundaciones, el transporte de mercancías peligrosas o el propio Plan Territorial de Protección Civil.
