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La partida presupuestaria asignada cubre el cien por cien del presupuesto presentado por los municipios beneficiarios debido a razones de interés público. La aportación económica establece un límite máximo de 1.800 euros por plan, a los que se añaden cien euros fijos adicionales por cada una de las localidades que integran el término municipal solicitante. Estas ayudas económicas tienen como finalidad principal sufragar los costes técnicos derivados de la redacción de unos documentos que organizan los recursos disponibles y fijan los protocolos ante situaciones de emergencia.
La convocatoria pública estaba inicialmente orientada a los 116 municipios de la provincia de León que se encuentran integrados dentro del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, conocido como Plan Infocal. Finalmente, la administración provincial otorgó las subvenciones a 104 localidades. De los doce ayuntamientos restantes que completan el mapa del plan autonómico, once optaron por no presentar la correspondiente solicitud técnica y uno de ellos quedó excluido de este proceso por registrar la documentación fuera del plazo legal estipulado.
Atendiendo a la distribución de los fondos asignados por la institución provincial, el municipio de Riello percibe la cuantía más elevada con un total de 5.690,03 euros para confeccionar los planes de protección de 39 localidades de su término. Le siguen el ayuntamiento de Vega de Valcarce, que cuenta con una asignación de 4.000 euros para dar cobertura a 22 localidades, y Valderrueda, con una partida de 3.899,83 euros destinada a un total de 21 núcleos de población. Por su parte, las corporaciones locales de Boñar, Gradefes, Santa Colomba de Somoza y Villamanín reciben una ayuda fija de 3.700 euros cada una.
La resolución administrativa fija las condiciones obligatorias de tramitación y los plazos de ejecución de los trabajos de consultoría. Los ayuntamientos que reciben la subvención disponen hasta el próximo 31 de octubre de 2026 para registrar la justificación definitiva de los gastos. Asimismo, los beneficiarios deben realizar medidas de difusión pública sobre la financiación de la Diputación durante un periodo mínimo de 30 días naturales. En lo técnico, los planes de emergencia tienen que redactarse obligatoriamente en soporte digital mediante la aplicación web oficial de planes locales, una herramienta que asegura la interoperabilidad de los datos recopilados para que puedan ser consultados de forma directa por el resto de las administraciones públicas competentes.
