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La petición formal se ha remitido directamente a la Presidencia del organismo hotelero y al Ministerio de Industria y Turismo. Esta solicitud surge como alternativa tras la cancelación del acto que originalmente se iba a desarrollar en dependencias del Ayuntamiento de León. Entre los restos óseos que se van a restituir a los familiares se encuentran los de Miguel Carro, quien ejerció como concejal de la corporación municipal de la capital leonesa antes de su detención y posterior ejecución en el año 1936.
Los motivos esgrimidos por la administración municipal para desestimar la celebración del homenaje en las dependencias del consistorio se fundamentan en razones organizativas y de agenda. La Alcaldía alegó la imposibilidad legal de realizar entregas de restos humanos en dependencias comunes del ayuntamiento, la coincidencia horaria con la celebración de un matrimonio civil en el mismo recinto y la falta de consenso unánime entre los diferentes grupos políticos con representación municipal.
La entidad promotora de la exhumación señaló que este tipo de entregas institucionales se efectúan de manera regular en otros ayuntamientos del país, citando como ejemplo reciente el acto desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña. Respecto a los problemas de agenda, la organización concretó que la elección de la jornada de un viernes respondía precisamente a las directrices previas del consistorio para evitar los enlaces de los sábados, añadiendo que la firma del decreto para autorizar el uso del espacio entra dentro de las competencias directas del alcalde.
El Parador de San Marcos posee una carga simbólica vinculada de forma directa con la biografía de las cuatro víctimas. El edificio albergó el centro de detención donde permanecieron recluidos estos ciudadanos antes de ser trasladados y ejecutados en una fosa común ubicada en el municipio de Mansilla de las Mulas. La elección de este emplazamiento cuenta con el respaldo explícito de las familias afectadas, que consideran el parador el lugar idóneo para cerrar el proceso de restitución tras la negativa del consistorio de la capital.
