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El representante local desembolsó 750 euros de su patrimonio personal para solventar un conflicto que mantenía con los afectados desde hace seis años. La compra civil del inmueble funerario se ha ejecutado a título individual debido a la imposibilidad de que la Junta Vecinal asumiera el gasto. Las cuentas de la institución local se encuentran bloqueadas por un litigio previo derivado del impago de dos fincas adquiridas por la anterior corporación para la ampliación del camposanto.
La adquisición civil y la posterior donación de la propiedad buscan reparar el error de gestión que originó la pérdida del derecho de enterramiento de los perjudicados hace dos años. Con esta medida se pretende el sobreseimiento de las reclamaciones judiciales interpuestas por los damnificados, quienes se vieron privados de la sepultura original tras confirmarse la adjudicación duplicada del mismo espacio.
El bloqueo financiero de la administración vecinal impide cualquier tipo de desembolso para contingencias patrimoniales. Esta paralización económica tiene su origen en las deudas contraídas por los anteriores gestores del órgano periférico, quienes formalizaron la compra de los terrenos anexos al cementerio sin consignar las partidas presupuestarias necesarias para su abono definitivo. La falta de liquidez institucional ha obligado a recurrir a fondos privados para evitar un incremento de las costas judiciales del proceso en curso.
La saturación del espacio actual del cementerio mantiene la necesidad de ejecutar las obras de expansión proyectadas sobre los terrenos afectados por los impagos. La parálisis de estos trabajos de ampliación agrava la falta de suelo funerario disponible en la localidad, un servicio que depende directamente de la resolución de las deudas institucionales acumuladas y de la posterior validación de los planes urbanísticos por parte de la administración municipal.
