La Junta de Castilla y León convoca subvenciones por 44 millones de euros para la formación de 16.400 desempleados

Las subvenciones van dirigidas a centros y entidades de formación, tanto de titularidad pública como privada, que figuren debidamente acreditados e inscritos en el registro oficial. Las organizaciones interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles para formalizar sus solicitudes. El calendario técnico establece que la totalidad de las acciones de aprendizaje programadas que resulten aprobadas deberán estar concluidas antes del 1 de agosto de 2027.

La estructura del programa se organiza a través de planes formativos vinculados de manera directa al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. La oferta lectiva incluye la obtención de certificados profesionales completos, acreditaciones de competencia específica y módulos en competencias clave. Aunque la planificación otorga prioridad a la enseñanza presencial, los criterios reguladores también autorizan el uso de plataformas de teleformación o sistemas de carácter mixto, obligando a incorporar periodos de prácticas no laborales en firmas comerciales asociadas.

El colectivo de destinatarios prioritarios está compuesto por personas en situación de desempleo inscritas de forma activa en las oficinas de demanda. No obstante, las bases reguladoras abren la posibilidad de reservar hasta un 30 por ciento de las plazas disponibles para la participación de trabajadores en activo. En los procesos de baremación y selección del alumnado se dará preferencia a los grupos sociales con mayores barreras de acceso al mercado laboral, tales como jóvenes sin titulación previa, parados de larga duración, mayores de 45 años con responsabilidades familiares directas o personas en riesgo de exclusión social.

El diseño y la distribución geográfica de las especialidades responde a una prospección previa de los diferentes mercados provinciales. Este análisis técnico ha evaluado los sectores productivos con mayor volumen de contratación actual y las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo, primando la concesión de fondos a aquellos proyectos de las entidades que adjunten compromisos previos de inserción laboral efectiva al término de las clases.