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La protesta frente a la delegación de la AEAT en León marca el inicio de un calendario de movilizaciones que afecta a 1.200 trabajadores en Castilla y León, de los cuales 140 desempeñan sus funciones en la provincia leonesa. El conflicto surge tras un periodo prolongado de bloqueo en las negociaciones sobre las condiciones de trabajo, lo que ha llevado a la plantilla a exigir soluciones en materia de conciliación, movilidad y estructura organizativa.
Uno de los puntos centrales de la reclamación es la reactivación de la carrera administrativa para todos los niveles de la plantilla. Los empleados solicitan que el trabajo a distancia se convierta en una herramienta operativa real que mejore la organización del organismo, además de recuperar la bolsa de conciliación del cinco por ciento y asegurar el cumplimiento del Plan de Intensificación de Actuaciones. Los representantes de los trabajadores sostienen que los resultados de eficiencia y recaudación de la Agencia no se corresponden con el estancamiento de las condiciones de sus funcionarios.
El sector de vigilancia aduanera ocupa un lugar específico en estas reivindicaciones. Se solicita formalmente que sus labores sean reconocidas como profesión de riesgo, dada la naturaleza de sus funciones en la represión del contrabando, la lucha contra el narcotráfico y la investigación del blanqueo de capitales. Los incidentes registrados recientemente en las costas de Huelva, el pasado 8 de mayo, han servido para poner de manifiesto la falta de recursos materiales y humanos, así como la elevada exposición de estos agentes de la autoridad en sus intervenciones diarias.
La jornada de este miércoles es la primera de una serie de acciones coordinadas en el ámbito autonómico. El calendario previsto continuará con una nueva concentración en Valladolid el viernes 28 de mayo. Si no se producen avances en la mesa de negociación con la administración, el conflicto culminará con una jornada de huelga general convocada para el lunes 8 de junio.
La administración mantiene hasta el momento un discurso de modernización que los convocantes consideran incompatible con la falta de medios y los problemas de movilidad interna de los trabajadores. La movilización busca forzar un cambio de postura que garantice dotaciones adecuadas para el colectivo de aduanas y el desbloqueo administrativo de los incentivos profesionales para el resto de los funcionarios del organismo.
