
La comarca de Laciana convoca un paro general de tres horas para reclamar medidas contra la crisis
RML
La movilización, acordada por el denominado Frente Común, busca visibilizar la situación de parálisis que atraviesa la zona tras el cierre de las explotaciones mineras. Esta plataforma aglutina a todas las formaciones políticas del Ayuntamiento de Villablino -PSOE, PP y la coalición Podemos-IU-, así como a sindicatos y entidades del ámbito educativo. La iniciativa pretende denunciar el hartazgo ciudadano ante la falta de alternativas económicas y el estancamiento de proyectos debido a trabas burocráticas.
El paro cuenta con una implicación directa de los centros de enseñanza, con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de defender el futuro del territorio. Las organizaciones participantes han subrayado que la crisis actual se manifiesta en una pérdida constante de alumnos y recursos educativos, lo que compromete el relevo generacional en la comarca. A la última reunión del grupo de acción se sumaron también representantes de centros de Babia, y está previsto que la convocatoria se extienda a otras zonas limítrofes que dependen de Laciana como cabecera de servicios.
Las reivindicaciones centrales del movimiento se centran en el deterioro de servicios básicos, con especial énfasis en las deficiencias del sistema sanitario y la red de transporte público. Según los promotores de la protesta, estas carencias aceleran la despoblación y dificultan la viabilidad de cualquier proyecto empresarial o social en el valle. El Frente Común trabaja actualmente en la redacción de un manifiesto que detalle los puntos críticos que requieren una intervención administrativa inmediata.
En los próximos días, el calendario de movilizaciones se ampliará con una ronda de contactos con juntas vecinales, asociaciones de pensionistas e industriales de la zona. Con este proceso se busca formalizar una unidad de acción que represente a todos los sectores civiles para garantizar que las demandas lleguen con claridad a las instituciones competentes. La jornada del 10 de junio se perfila como el primer hito de una estrategia de presión sostenida para revertir la tendencia socioeconómica de la comarca.


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