La oposición de Matallana de Torío denuncia la gestión de inversiones municipales




El pleno extraordinario celebrado el pasado 28 de abril de 2026 se desarrolló sin la participación efectiva de la oposición, lo que ha motivado una crítica unánime por la ausencia de debate público y control democrático en la toma de decisiones. Durante la sesión se ratificaron partidas económicas que, en varios casos, ya habían sido aprobadas previamente en Junta de Gobierno Local. Esta circunstancia ha llevado a las formaciones de la oposición a señalar que la convocatoria responde a una estrategia de imagen institucional más que a criterios de gestión eficaz.
El proyecto del camping municipal es el eje central de las críticas por parte de los grupos opositores. Se trata de una infraestructura que acumula treinta años de parálisis y sobre la que el equipo de gobierno ha anunciado ahora una nueva inversión cercana a los 500.000 euros. Los grupos de UPL, España Vaciada e IU sostienen que el presupuesto presentado se limita a una actualización de precios para acceder a subvenciones, sin considerar el deterioro técnico de las instalaciones actuales.
En el análisis de la situación técnica del camping se destaca que los cuatro bungalós construidos y el resto de la infraestructura se encuentran en estado de abandono y carecen de planes de mantenimiento regulares. La falta de un plan de viabilidad serio genera el riesgo de que los nuevos fondos recibidos no sirvan para dinamizar la economía local, siguiendo el modelo de otras infraestructuras del municipio. Como precedente, la oposición señala el Centro de Interpretación del Fósil en Serrilla, que permanece sin uso pese a haber recibido financiación internacional en las últimas dos décadas.


Ante esta situación, las tres formaciones políticas han solicitado formalmente el acceso total a los expedientes técnicos del camping para conocer el estado real de las fases ejecutadas. Asimismo, reclaman una planificación económica rigurosa que garantice la apertura de las instalaciones y evite el gasto de recursos públicos en campañas de comunicación de carácter partidista. La exigencia de responsabilidades se centra en evitar que el presupuesto municipal se destine a reparar infraestructuras dañadas por la desidia administrativa.
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