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La administración autonómica de Castilla y León ha omitido la tramitación del 38,6 por ciento de las denuncias medioambientales registradas en los últimos tres años. Los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio revelan que, de las 14.898 infracciones reportadas entre enero de 2023 y diciembre de 2025, un total de 5.758 quedaron sin sanción. Esta cifra se desglosa en 4.318 procedimientos que nunca llegaron a iniciarse y otros 1.440 que prescribieron o caducaron durante el proceso administrativo.
Las infracciones sin resolver afectan principalmente a actividades vinculadas con la caza y pesca furtiva, el uso irregular de vías pecuarias y la protección de espacios naturales. La inacción de la Junta de Castilla y León resta autoridad a los agentes medioambientales y favorece la reincidencia de conductas ilegales en el entorno rural. El Procurador del Común ha emitido una advertencia al respecto, señalando que este déficit de gestión genera una profunda desconfianza entre el personal encargado de la vigilancia del patrimonio natural.
La situación es especialmente crítica en las provincias de Burgos y Salamanca. En territorio burgalés, la existencia de un único instructor jurídico para toda la carga de trabajo ha derivado en la prescripción de 869 casos en el último bienio. Por su parte, Salamanca presenta una carencia estructural en su Relación de Puestos de Trabajo, al disponer únicamente de dos plazas de instructor frente a las tres que existen en el resto de las provincias de la comunidad autónoma.
Ante este escenario, se ha exigido a la Consejería la puesta en marcha de un plan de choque inmediato para desbloquear los expedientes paralizados y evitar que nuevas denuncias acaben en la papelera por el transcurso de los plazos legales. La propuesta incluye la cobertura urgente de todas las plazas vacantes de instructores jurídicos en los servicios territoriales y la equiparación de la plantilla de Salamanca con el resto del territorio.
El Ejecutivo autonómico ha sido cuestionado por el vaciado progresivo de las plantillas en los servicios periféricos de Medio Ambiente durante los últimos años. La falta de recursos humanos especializados impide que los expedientes sancionadores se tramiten en tiempo y forma, lo que supone, en la práctica, una amnistía para los infractores de la normativa ambiental. Se reclama asimismo una mayor transparencia informativa en la gestión de estos datos para garantizar el respaldo institucional a la labor inspectora.
