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Castilla y León dispone de una capacidad estratégica para liderar la producción nacional de biocombustibles gracias a su amplia superficie agraria. Asaja subraya que la comunidad autónoma es actualmente la mayor consumidora de carburantes del país, debido en gran medida a la extensión de sus cultivos cerealistas. La implantación de plantas de biogás permitiría equilibrar este consumo energético mediante la generación de recursos propios vinculados a explotaciones y cooperativas locales.
La organización destaca que un volumen significativo de empresas y promotores ya han presentado proyectos que se encuentran en diferentes fases de obtención de licencias. La agilización de estos trámites administrativos es fundamental para cumplir con las directrices de la Comisión Europea, que abogan por aumentar la producción de biocombustibles sostenibles. Este plan de acción europeo responde a la necesidad de mitigar la crisis de precios de la energía y la inestabilidad en el suministro tras incidentes internacionales como el cierre del estrecho de Ormuz.
La apuesta por el biogás y el biometano no solo influye en la soberanía energética, sino que tiene un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones. Estos proyectos pueden generar ingresos adicionales para los agricultores y ganaderos al transformar residuos en valor. En sectores donde la electrificación total resulta técnicamente compleja, como es el caso de la maquinaria agrícola pesada, la biomasa se posiciona como el sustituto natural y estratégico del petróleo.
Otro pilar fundamental de esta transición es la sustitución de materias primas fósiles en la fabricación de fertilizantes. Se promueven soluciones circulares que recuperen nutrientes de origen agrario, tales como estiércoles, purines y restos de cosecha. Esta fórmula de economía biológica permite reducir los costes de producción para los profesionales del campo y disminuir la huella ambiental del sector.
La disponibilidad de territorio en la región facilita que estas infraestructuras se ubiquen en entornos donde el impacto visual y ambiental sea mínimo. Según los análisis del sector, una localización adecuada favorece la aceptación de los proyectos por parte de la población rural, consolidando una nueva fuente de riqueza en áreas afectadas por la despoblación. La transición energética eficiente en el medio rural requiere, por tanto, una coordinación administrativa que elimine los cuellos de botella burocráticos actuales.
