RML
La retirada de una pancarta contra el biogás en Vidanes ha abierto un nuevo episodio en torno al rechazo vecinal al proyecto y al uso de los espacios públicos para expresar posiciones sobre una actividad que genera división en la zona. La Asociación EslaVIDA, integrada en la plataforma Stop Biogás Vidanes, colocó el pasado 18 de abril una gran pancarta con el lema "BIOGÁS NO" en la verja del patio de Las Escuelas, en un punto visible desde la N-625.
La colocación se realizó después de obtener permiso de la Junta Vecinal, que gestiona actualmente ese espacio público, cedido en uso por el Ayuntamiento de Cistierna. La pancarta formaba parte de la campaña de sensibilización y difusión de la asociación, y había sido cedida al colectivo tras ser elaborada por un hijo del pueblo con ayuda de su madre.
Apenas 48 horas después, el presidente de la Junta Vecinal solicitó a la directiva de EslaVIDA la retirada de la pancarta. La petición se produjo después de haber recibido presiones por parte de algunos vecinos por haber autorizado su instalación en ese lugar. La asociación acabó retirando el cartel en la tarde del 21 de abril, tras los ruegos reiterados de la Junta Vecinal y después de la existencia de un informe de la autoridad municipal.
El caso deja varias cuestiones relevantes. La primera es que la pancarta había sido previamente autorizada. La segunda, que la retirada no se produjo por una actuación espontánea de la asociación, sino tras una solicitud trasladada desde la Junta Vecinal. La tercera, que el asunto incorpora una intervención municipal cuyo contenido no ha sido detallado públicamente.
La propia EslaVIDA ha situado el origen de las aclaraciones en la Junta Vecinal de Vidanes y en el Ayuntamiento de Cistierna. En su respuesta posterior, su presidente, Gonzalo Fernández-Valladares García indica que la asociación actuó ante la solicitud de la Junta Vecinal y que algunos aspectos deben ser explicados por quienes originaron la petición o por la administración municipal.
La retirada de la pancarta no cierra el debate. Lo desplaza hacia una cuestión más básica: cómo se protege el ejercicio democrático de expresar públicamente una posición sobre un asunto que afecta al pueblo. El fondo ya no es solo la oposición al biogás, sino el criterio aplicado para autorizar primero y pedir después la retirada de un mensaje colocado en un espacio público. También queda sobre la mesa el alcance real de las presiones vecinales y el papel de la autoridad municipal en una decisión que afectó a una manifestación visible, pacífica y legítima de rechazo al proyecto.
