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La controversia tiene su origen en la gestión económica de los festejos taurinos celebrados el año pasado en la localidad. La entidad denunciante solicitó formalmente el desglose de los costes asumidos por las arcas municipales, pero la administración local evitó facilitar cifras concretas. En su lugar, el Ayuntamiento remitió a los peticionarios al Portal de Transparencia y al Perfil del Contratante, una respuesta que ha sido calificada de insuficiente por el Comisionado.
El proceso administrativo se centra especialmente en las obras previas realizadas en la plaza de toros de propiedad municipal. Durante el ejercicio 2025, el Gobierno local ejecutó una serie de actuaciones de mejora que se prolongaron durante dos meses. Estos trabajos incluyeron labores de limpieza, desmonte, pintura y reparaciones estructurales de grietas, además de la renovación de diversas instalaciones del recinto para adecuarlas a la normativa vigente.
La repercusión de este gasto público se ha cuestionado debido a la baja asistencia de público registrada durante la novillada. A pesar de la campaña de difusión institucional, que incluyó la colocación de lonas publicitarias y presencia en diversos canales de comunicación, el evento no alcanzó a cubrir ni la mitad del aforo disponible en la plaza. Esta falta de rentabilidad social se suma al coste estimado de este tipo de actividades, que se sitúa en torno a los 50.000 euros por festejo.
Con la admisión a trámite de la queja, el Comisionado de Transparencia exigirá ahora al consistorio astorgano que proporcione la información requerida por los cauces reglamentarios. La investigación debe esclarecer el volumen total de dinero empleado tanto en las obras de acondicionamiento del ruedo como en los medios humanos y materiales aportados directamente por el municipio para la organización del evento.
La resolución del organismo autonómico llega en un momento de especial sensibilidad sobre la fiscalización ciudadana de las subvenciones y contratos públicos. Tras el agotamiento de los plazos administrativos iniciales, la intervención de Transparencia obligará a la administración local a justificar si el uso de los impuestos de la ciudadanía para estos arreglos estructurales se ajustó a la normativa de buen gobierno.
