RML
La impugnación judicial se produce tras la desestimación de las alegaciones previas presentadas por el consistorio, que sostiene que el proyecto no se ajusta a los objetivos de la normativa europea ni a la legislación nacional sobre residuos. El núcleo del conflicto reside en la estructura de la nueva tarifa, que comenzará a aplicarse en los recibos emitidos durante este mes de abril. Según la administración municipal, la ordenanza establece una cuota tributaria basada únicamente en el uso de los inmuebles, sin establecer una relación real y efectiva con el volumen de residuos generados por cada usuario.
El Ayuntamiento argumenta que el incremento de las cuotas afecta mayoritariamente a las viviendas por ser el tipo de inmueble más numeroso, lo que delata una finalidad recaudatoria por parte de la Mancomunidad. La regulación aprobada no contempla bonificaciones para aquellos propietarios que reduzcan su producción de desechos, ni exenciones para locales e inmuebles que se encuentren cerrados o sin uso actual. Esta falta de flexibilidad contraviene, a juicio del equipo de gobierno local, el principio de que debe tributar más quien más residuos genera.
