La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cita a los dos alcaldes de Valdefresno por presuntas irregularidades

Los alcaldes José Pellitero y Carlos Gutiérrez deberán declarar este miércoles en Madrid por la gestión irregular de la ordenanza del servicio de comida a domicilio. El Ayuntamiento mantiene la aprobación de acuerdos municipales pese a contar con múltiples informes técnicos y jurídicos que advierten de su posible ilegalidad.
Provincia21 de abril de 2026RMLRML
PELLITERO
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La citación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas marca un punto crítico en la gestión municipal de Valdefresno tras detectarse anomalías en la aplicación del servicio de comida a domicilio durante el actual mandato. Esta comparecencia judicial se produce en un contexto de fuerte controversia administrativa, ya que el equipo de gobierno ha sacado adelante medidas de calado ignorando las advertencias de los servicios de control internos.

El caso más reciente es la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que recibió el visto bueno únicamente con los votos del equipo de gobierno PP-PSOE. El documento salió adelante a pesar de acumular seis informes en contra: tres emitidos por la Secretaría Municipal y otros tres por el abogado asesor del Ayuntamiento. Dichos informes alertan sobre posibles ilegalidades e incluso aspectos que podrían vulnerar la Constitución, dejando a la institución en una situación de inseguridad jurídica.

Esta dinámica de gestión se ha trasladado también al ámbito presupuestario para el ejercicio 2026. Las cuentas municipales presentan un recorte superior a los 300.000 euros respecto al año anterior y se han elaborado bajo el incumplimiento de la Regla de Gasto. En la distribución de fondos, el equipo de gobierno ha priorizado el gasto en festejos, al que se destinan más de 250.000 euros, frente a los apenas 50.000 euros reservados para inversiones y obras con recursos propios.

La oposición ha denunciado que el Ayuntamiento funciona al margen de la legalidad y de los informes técnicos, actuando como un cortijo político donde se desprecian las advertencias legales. La acumulación de irregularidades y el desprecio a los reparos jurídicos han forzado la intervención de los tribunales. Esta forma de proceder compromete la estabilidad financiera y el futuro del municipio, mientras la Fiscalía investiga si estas decisiones administrativas incurren en responsabilidades contables o penales.

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