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El pronunciamiento del Tribunal Supremo supone el agotamiento de la vía de recurso para el consistorio asturiano, confirmando los fallos previos de los juzgados de Oviedo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La resolución judicial establece que cualquier actuación administrativa o ganadera desarrollada por Mieres en la montaña de Babia es ilegal. Las entidades locales leonesas consideran que este fallo representa un punto de inflexión definitivo tras décadas de conflicto por el uso de los pastos en el Puerto de Pinos.
A pesar de la firmeza judicial, el Ayuntamiento de Mieres ha iniciado recientemente un procedimiento para intentar modificar la naturaleza jurídica del monte, pasando de bien público a bien patrimonial. Esta maniobra técnica buscaba adjudicar los aprovechamientos directamente a una asociación de ganaderos. Sin embargo, el proceso fue paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias al detectarse irregularidades en la notificación a los interesados y en los plazos de exposición pública, que coincidieron con el periodo navideño.
Ante este escenario, las juntas vecinales de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna han solicitado la intervención inmediata de la Junta de Castilla y León. Exigen que la administración autonómica no conceda ningún tipo de autorización para pastar en los puertos afectados, argumentando que mantener la actividad a sabiendas de la ilegalidad manifiesta ratificada por el Supremo constituiría un delito de prevaricación.
La tensión entre ambas administraciones se mantiene elevada ante la convocatoria de manifestaciones por parte de ganaderos asturianos en Villablino para reclamar permisos sanitarios a la Unidad Veterinaria. Por su parte, la representación legal de las entidades leonesas insiste en que la Consejería de Presidencia debe actuar como garante de las competencias territoriales, impidiendo que una administración actúe fuera de su jurisdicción. La determinación de los ganaderos locales es impedir que el ganado foráneo acceda a Babia este año, apelando al cumplimiento estricto del Estado de Derecho tras las sucesivas sentencias favorables.
