La Diputación de León destina 1,2 millones de euros a la restauración de templos rurales

Esta segunda edición del plan incrementa su presupuesto en 200.000 euros respecto a la convocatoria anterior. La financiación se reparte entre la aportación de 600.000 euros de la Diputación Provincial y 300.000 euros aportados por cada uno de los obispados. El objetivo principal es la consolidación y reparación de inmuebles que, además de su valor litúrgico, funcionan como centros de reunión social y cultural en las pequeñas localidades de la provincia.

Las ayudas están dirigidas a edificios propiedad de las diócesis que estén consagrados actualmente al culto. Quedan excluidos de esta convocatoria los inmuebles en estado de ruina o aquellos con uso restringido a congregaciones u órdenes religiosas. Una de las condiciones vinculadas a la subvención es que los responsables de los templos beneficiados procuren abrir sus puertas para actividades culturales y sociales de interés general, siempre que sean compatibles con el uso religioso.

La inversión por cada actuación se situará entre un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 40.000 euros. Como novedad, el plan permite la participación económica de ayuntamientos y juntas vecinales. El porcentaje de aportación de estas entidades locales se calculará en función de sus ingresos corrientes del ejercicio 2024, oscilando desde el 0% para las entidades con menos de 5.000 euros de ingresos hasta el 20% para aquellas que superen los 25.000 euros. En los casos en que no se haya aprobado la liquidación del presupuesto de dicho año, la aportación será del 30%.

El proceso de selección de los proyectos recaerá en una comisión técnica mixta. Este órgano valorará el rigor de la documentación presentada, el estado de conservación deficiente del bien y su trascendencia histórica o arquitectónica. También se priorizará a aquellos solicitantes que no hayan recibido financiación en convocatorias previas. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 29 de mayo de 2026, y las obras deberán ejecutarse en un periodo de nueve meses tras la concesión definitiva.