RML
Los testimonios recogidos durante las sesiones judiciales coinciden en que las obras para la mejora del abastecimiento de agua se desarrollaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2007. Sin embargo, el entonces regidor firmó el acta de recepción y la certificación final el 31 de octubre de ese año. Esta fecha era el límite fijado por la Diputación de León para que el ayuntamiento pudiera justificar una subvención de 40.000 euros destinada al Plan de Sequía.
Durante la vista, el propio acusado reconoció haber recepcionado una obra que no estaba ejecutada. Explicó que el municipio atravesaba una situación de sequía severa y que recibió una llamada de la institución provincial ofreciendo fondos remanentes que debían justificarse con premura. Según su declaración, el procedimiento se agilizó para asegurar la inversión, argumentando que en ocasiones las obras no pueden cumplirse en plazo y se terminan a posteriori en beneficio de la localidad.
El exconcejal de Obras de aquel periodo también corroboró que los trabajos de captación se realizaron a finales de año tras la notificación telefónica de la disponibilidad presupuestaria. Añadió que la Secretaría municipal no realizó advertencias sobre posibles ilegalidades en la tramitación del informe. Por su parte, empleados de la empresa adjudicataria y presidentes de las juntas vecinales de las zonas afectadas ratificaron que la actividad constructora real comenzó después de la fecha oficial de finalización que figura en los documentos.
La acusación sostiene que el proceso administrativo se inició el 22 de octubre con la providencia de alcaldía. Solo tres días después se aprobó el expediente de contratación y el 30 de octubre se adjudicó el contrato. Al día siguiente, se firmaron el acta de replanteo, la certificación final y la factura, a pesar de que la ejecución material era imposible en ese intervalo de tiempo. Por estos hechos, se solicitan tres años y medio de prisión, una multa de 2.400 euros y tres años de inhabilitación para cargo público.
La defensa ha solicitado la libre absolución alegando la prescripción de los delitos. En sus argumentos finales, destacó que ni la Diputación ni la Junta de Castilla y León han reclamado la devolución de las cuantías aportadas, y que la institución provincial firmó la recepción incluso un día antes que el consistorio. El tribunal deberá decidir ahora si la actuación administrativa constituye un ilícito penal o una irregularidad justificada por la urgencia social.
