UPL denuncia irregularidades administrativas en obras municipales de La Robla




La formación política ha señalado que el equipo de Gobierno ha finalizado los trabajos en la mencionada vía basándose en acuerdos verbales, una práctica que UPL califica de temeridad administrativa. Según la documentación oficial analizada por el grupo municipal, se certificó que los terrenos necesarios estaban disponibles meses antes de iniciar los trámites legales preceptivos.
UPL argumenta que actuar por la vía de hecho, ocupando fincas privadas sin poseer los permisos firmados y por escrito, constituye una irregularidad grave. La formación enfatiza que estas acciones suponen una falta de respeto a la propiedad de los vecinos afectados por las obras.
Las preocupaciones principales de UPL se centran en las posibles repercusiones económicas para el municipio. Si la Diputación detecta que las fechas administrativas no concuerdan con la realidad de la ejecución, La Robla podría verse obligada a devolver los fondos obtenidos a través de los Planes Provinciales para financiar estos trabajos.


Adicionalmente, el grupo municipal advierte sobre el riesgo de indemnizaciones futuras. En el caso de que algún propietario se considere perjudicado por la actuación del Ayuntamiento, las posibles multas y costas judiciales generadas tendrían que ser sufragadas por el erario público, no por el Alcalde a título personal.
Desde la Unión del Pueblo Leonés afirman que el caso de la calle La Rinconada es solo una muestra de otras irregularidades en la gestión municipal que les preocupan profundamente. El grupo municipal está analizando detalladamente los expedientes y ha ofrecido a los vecinos la posibilidad de contactar con ellos para conocer los detalles y pruebas de estas deficiencias administrativas.
UPL recalca que la transparencia en la gestión pública implica que los vecinos conozcan el destino real de sus impuestos y los riesgos bajo los que se ejecutan los proyectos. Finalmente, la formación insiste en que su labor es garantizar que el progreso municipal se asiente sobre una base legal sólida y no se ponga en riesgo el futuro económico del pueblo.
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