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El concejal de Hacienda de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, ha confirmado que el equipo de gobierno baraja emprender medidas legales contra el Grupo Municipal Socialista. Esta decisión surge como respuesta a las acusaciones vertidas por el PSOE, que cuestionó la objetividad del proceso de selección para la plaza de letrado municipal. El proceso concluyó con el nombramiento de Reiner Cortés, exconcejal de la corporación, lo que motivó las críticas de la oposición sobre una presunta falta de transparencia y la existencia de coincidencias en las contrataciones de los últimos meses.
Desde el gobierno local se sostiene que las afirmaciones de la oposición cruzan líneas rojas que afectan a la dignidad de los trabajadores municipales y a la limpieza de las instituciones. Moreno ha subrayado que los tribunales encargados de estos procesos están compuestos íntegramente por funcionarios, lo que garantiza la independencia técnica de las evaluaciones. Asimismo, ha incidido en que no existen quejas formales registradas por parte de otros participantes en el concurso-oposición que invaliden o pongan en duda el resultado final.
En cuanto a la composición del tribunal calificador, el responsable de Hacienda ha aclarado que la presidencia del mismo fue designada directamente por la Diputación de León. Esta elección externa se produjo después de que el Ayuntamiento solicitara previamente dicha designación al Consejo Comarcal de El Bierzo y este organismo rechazara realizar la elección del presidente. Con este argumento, el ejecutivo municipal defiende que la estructura del órgano evaluador contó con una supervisión ajena a la propia administración local, reforzando la imparcialidad de la plaza obtenida por Cortés.
El conflicto se recrudeció este martes tras una nota de prensa del PSOE en la que aseguraban haber vaticinado el resultado de la oposición, acusando al Partido Popular de no generar confianza en los procesos de empleo público. Ante este escenario, el Ayuntamiento mantiene la vía judicial abierta para dirimir si estas declaraciones constituyen una responsabilidad legal por difamación o injurias contra la administración y sus empleados públicos. La decisión final sobre la interposición de la demanda dependerá del informe técnico que redacten los letrados municipales en las próximas jornadas.
