Organizaciones ferroviarias exigen la dimisión del comisionado del Corredor Atlántico

La petición de cese se fundamenta en lo que las entidades consideran un "boicot" explícito al desarrollo ferroviario de la provincia. Las organizaciones sostienen que la gestión del comisionado está supeditando el futuro socioeconómico de los leoneses a intereses partidistas, lo que califican como una "marginación institucional" de los territorios del oeste de España. Según el comunicado emitido por ambas plataformas, las recientes declaraciones públicas del comisionado confirman la parálisis de infraestructuras críticas que afectan directamente a la conectividad y competitividad de la región.

Entre los puntos de mayor fricción destaca la situación de la plataforma logística de Torneros, donde denuncian la falta de inversión por parte de empresas públicas. Asimismo, señalan el rechazo al tramo Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, una decisión que afecta negativamente al proyecto industrial y logístico impulsado por el ayuntamiento astorgano y su Cámara de Comercio. En el caso de Ponferrada, critican la ausencia de avances en el ramal ferroviario comprometido, cuyas obras continúan paralizadas a pesar de las promesas previas.

Para las asociaciones firmantes, la actitud del comisionado refleja una discriminación presupuestaria frente a otros tramos del Corredor Atlántico. Sostienen que el uso de "excusas eternas" y la ausencia de plazos concretos para León demuestran un desprecio hacia las necesidades logísticas de la provincia. En su opinión, Sebastián ha transformado un cargo de naturaleza técnica y de Estado en un instrumento político que ignora el eje estratégico León-Astorga-Ponferrada.

La reclamación se extiende al conjunto del Gobierno, al que acusan de mantener una negativa total a las inversiones ferroviarias necesarias en el noroeste peninsular. Las organizaciones advierten que, de no producirse un cambio en la dirección del comisionado, la provincia de León perderá oportunidades definitivas de desarrollo industrial. Por ello, insisten en que la dimisión es de obligado cumplimiento para evitar que se arruinen las perspectivas económicas a largo plazo de los leoneses.