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La sección de Sanidad de la Unión Sindical Obrera ha manifestado que el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de la Unidad de Agudos están recibiendo instrucciones, tanto escritas como verbales, para entregar cigarrillos y dispositivos de vapeo a los internos. Esta situación se considera una contradicción con los principios fundamentales de la asistencia sanitaria y la normativa de salud pública vigente, que prohíbe el fomento de sustancias nocivas en centros hospitalarios.
El colectivo profesional reconoce que los pacientes psiquiátricos pueden sufrir cuadros de ansiedad graves derivados de la abstinencia de nicotina. Sin embargo, defienden que existen alternativas terapéuticas seguras y avaladas clínicamente para abordar estas situaciones sin necesidad de que el personal sanitario actúe como dispensador de labores de tabaco. Argumentan que su formación está orientada a la promoción de la salud y que la administración de estas sustancias vulnera los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia, que obligan a no causar daño intencionado al paciente.
Esta problemática no afecta a la totalidad de la red hospitalaria de Castilla y León. Según los datos trasladados por el sindicato, esta práctica se da de forma excepcional en los centros de León y Zamora, mientras que en el resto de hospitales de la comunidad se emplean sustitutos nicotínicos y otros fármacos acordes con la práctica clínica moderna. El personal reclama que, en caso de que un facultativo mantenga la prescripción de tabaco por criterio médico, se garantice el derecho a la objeción de conciencia del trabajador sin que ello suponga presiones o consecuencias laborales negativas.
A pesar de haber mantenido reuniones con la Dirección de Enfermería, la Dirección de Gestión y la Jefatura de la Unidad de Salud Mental del hospital leonés, no se ha alcanzado una solución de consenso. La demanda principal se centra en que la Gerencia del centro y las autoridades competentes revisen de forma inmediata estos protocolos. Se solicita la creación de un entorno asistencial seguro que no obligue a los sanitarios a asumir funciones que consideran impropias de sus competencias profesionales y éticas, asegurando la coherencia con los valores de la sanidad pública.
