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La prisión de Mansilla de las Mulas ha recibido este lunes 16 a 25 funcionarios en prácticas procedentes de la oferta de empleo público de 2025. Estos trabajadores desarrollarán sus funciones durante aproximadamente un año, un periodo de aprendizaje que resulta determinante para el cumplimiento de las misiones de vigilancia, custodia y el mandato constitucional de rehabilitación y reinserción social de los internos.
La incorporación de este personal se produce en un momento de especial tensión dentro del recinto penitenciario. En el último año, el volumen de población reclusa en el centro de León ha experimentado un incremento del 32 por ciento. Esta circunstancia ha derivado en un aumento proporcional de los incidentes, las amenazas y las agresiones contra los trabajadores públicos, una situación que los representantes del colectivo describen como una pérdida progresiva de autoridad frente a los internos.
El sector denuncia que la administración penitenciaria mantiene políticas de gestión que desmotivan a los profesionales y no responden a la realidad de los centros. Entre las reivindicaciones históricas que siguen sin resolverse destacan el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la equiparación salarial con los trabajadores del sector en Cataluña y la dotación de medios coercitivos modernos, como las pistolas Táser, además de la mejora del material de seguridad habitual.
La falta de adecuación de las plantillas a la carga de trabajo real del centro es otro de los puntos críticos señalados. A pesar del incremento de internos reflejado en los datos oficiales, el número de efectivos no se ha ajustado en la misma medida. Esta carencia de recursos humanos dificulta el mantenimiento de la integridad física tanto de los propios funcionarios como de las personas privadas de libertad que conviven en el centro.
Existe una expectativa marcada respecto a la labor de la nueva dirección de la prisión de Mansilla para rectificar la gestión de periodos anteriores. El objetivo es que se garantice un entorno laboral seguro que permita a los nuevos 25 funcionarios desarrollar su labor de vigilancia y reinserción con las garantías técnicas y jurídicas necesarias.
