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La acción administrativa se dirige contra el Ministerio de Justicia tras detectarse deficiencias en los protocolos de prevención de riesgos laborales en aproximadamente cien centros de trabajo distribuidos por todo el territorio nacional. En la provincia de León, el foco se sitúa en los juzgados y dependencias de Ponferrada y Astorga, además de las instalaciones ubicadas en los municipios de Igüeña y Encinedo. La denuncia tiene como objetivo principal forzar la medición inmediata de los niveles de este gas radiactivo de origen natural, cuya acumulación en espacios cerrados está vinculada directamente con el desarrollo de enfermedades respiratorias graves.
La situación se produce tras un año de gestiones infructuosas ante la administración central. El sindicato ya solicitó formalmente en el ejercicio anterior la instalación de dispositivos de medición en las sedes judiciales, siguiendo las directrices técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear. El organismo ministerial argumentó en aquel momento la falta de medios propios para ejecutar dichas mediciones y comunicó su intención de externalizar la vigilancia de la salud mediante la licitación de servicios de prevención ajenos. Sin embargo, dicha contratación no se ha formalizado hasta la fecha, lo que mantiene a la plantilla en una situación de incertidumbre sobre la calidad del aire en sus puestos de trabajo.
La inquietud sobre la presencia de radón se ha trasladado también al Consejo de Seguridad Nuclear. Este gas, que emana del subsuelo granítico común en diversas zonas de la provincia leonesa, tiende a concentrarse en plantas bajas y sótanos sin ventilación adecuada. La normativa vigente obliga a las empresas y administraciones públicas a realizar controles periódicos en áreas de riesgo para garantizar que no se superen los umbrales de seguridad establecidos por la legislación europea y nacional.
La denuncia ante la Inspección de Trabajo busca que se realicen requerimientos específicos al Ministerio para que asuma las tareas de monitorización de forma urgente. El colectivo afectado asciende a dos millares de funcionarios y personal laboral que desempeñan sus funciones en edificios cuya antigüedad o ubicación geográfica los sitúa en el mapa de mayor probabilidad de presencia de este gas. Por el momento, la actividad en las sedes de Ponferrada, Astorga y el resto de municipios afectados continúa de forma habitual a la espera de que se inicien las inspecciones técnicas solicitadas.
