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La reclamación económica se centra en los trabajos ejecutados para subsanar deficiencias en el paso elevado sobre la línea ferroviaria León-La Coruña. Tras un cruce de requerimientos entre ambas administraciones durante el ejercicio 2023, Adif inició un procedimiento de emergencia ante el riesgo detectado para el tráfico rodado y ferroviario. Las obras fueron adjudicadas por vía de urgencia con un presupuesto de 1,1 millones de euros y finalizaron en diciembre de ese mismo año, permitiendo la reapertura del vial.
La controversia administrativa comenzó a finales de 2024, cuando el Ayuntamiento recibió la primera factura por un importe superior al millón de euros. Según el registro municipal, la solicitud de pago fue reiterada en septiembre de 2025. Sin embargo, los informes de la secretaría municipal indican que no existe en las dependencias consistoriales ningún expediente de contratación, convenio o instrumento administrativo que justifique el traslado de este coste a las arcas locales.
El conflicto ha derivado en la interposición de una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por parte del organismo estatal. Esta acción judicial busca obligar al pago de la factura, mientras que el equipo de gobierno municipal defiende que la actuación debía ser asumida íntegramente por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, dado que el Ayuntamiento carecía de medios técnicos para evaluar y acometer la infraestructura en el momento del requerimiento inicial.
El origen de la intervención técnica se sitúa en enero de 2023, cuando los informes alertaron del mal estado de conservación de la estructura. Ante la imposibilidad del Consistorio de abordar la reparación de forma inmediata, fue el administrador ferroviario quien tramitó la emergencia y la licitación negociada sin publicidad. El paso superior estuvo sujeto a restricciones de tráfico y recomendaciones de cierre total antes de la intervención definitiva que permitió recuperar la operatividad del kilómetro 173 de la línea férrea.
La resolución de este litigio queda ahora supeditada a la decisión judicial, con una posible repercusión económica significativa para la planificación presupuestaria de Astorga. El Ayuntamiento mantiene su postura de transparencia frente a los ciudadanos ante la ausencia de compromisos formales de pago previos a la ejecución de las obras reclamadas por Adif.
