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La red de infraestructuras viarias de la provincia de León atraviesa una situación de deterioro generalizado que afecta tanto a las arterias urbanas como a las carreteras de competencia provincial. El estado de las calzadas se ha visto agravado por una combinación de factores presupuestarios y técnicos que impiden el desarrollo de planes de asfaltado integrales. En la capital, el Ayuntamiento ha agotado las partidas destinadas al mantenimiento, lo que ha derivado en la proliferación de baches profundos en rotondas y vías principales que comprometen la seguridad de los conductores.
La gestión económica de la institución provincial muestra una tendencia similar de inacción en materia de infraestructuras. Al cierre del ejercicio 2025, la Diputación de León dejó sin ejecutar 59 millones de euros destinados a inversiones reales, lo que representa que solo se materializó uno de cada cuatro euros previstos para este fin. Esta falta de inversión directa se traduce en la paralización de proyectos clave para la conectividad de los pueblos y la mejora de las comunicaciones terrestres en las zonas rurales.
El mantenimiento correctivo aplicado en los últimos meses se ha basado principalmente en el uso de aglomerado asfáltico en frío para cubrir socavones de urgencia. Sin embargo, estas intervenciones muestran una durabilidad mínima debido a las condiciones meteorológicas propias de la zona y al volumen de tráfico pesado. En muchos puntos de la red provincial, los parches aplicados no logran consolidarse, provocando que los desperfectos reaparezcan en menos de una jornada y obligando a señalizar de forma constante los peligros ante la falta de una solución definitiva.
La situación afecta también a proyectos de mejora ya autorizados que, pese a contar con presupuesto, no han llegado a iniciarse, como es el caso de la carretera de San Martín de Moreda. Esta parálisis administrativa ha supuesto, en algunos casos, la pérdida de subvenciones externas vinculadas a la mejora de la red viaria. Mientras tanto, el presupuesto no utilizado engrosa los remanentes de tesorería, que ya superan los 40 millones de euros en concepto de gasto corriente y compra de bienes no realizados durante el pasado año.
La resolución de este déficit de conservación queda supeditada a la capacidad de las administraciones para licitar nuevos contratos de pavimentación y ejecutar los fondos ya consignados. Hasta que se materialicen estas inversiones, la movilidad en la provincia seguirá marcada por la precariedad de un firme que requiere una renovación estructural urgente para garantizar los estándares mínimos de seguridad vial.
