
Detenido el dueño de una explotación ganadera en Tierra de Cea por emplear a trabajadores irregulares

El responsable de una explotación ganadera situada en la comarca de Tierra de Cea, en la provincia de León, ha sido detenido como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores. La operación policial se desencadenó tras una inspección técnica realizada para verificar las condiciones laborales en el recinto, donde se constató la presencia de personal que trabajaba al margen de la legalidad vigente y sin las autorizaciones administrativas necesarias.
Durante el registro del lugar, los efectivos policiales y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León localizaron a dos hombres de nacionalidad extranjera, ambos de aproximadamente 30 años de edad, realizando tareas de cuidado y manejo de ganado ovino. Los empleados vestían ropa y calzado específicos para el desempeño de estas labores agrícolas, lo que confirmaba su actividad efectiva en la granja en el momento de la intervención.
La revisión de la documentación permitió confirmar que ninguno de los dos trabajadores disponía de autorización para residir en España ni permiso para ejercer actividades laborales en el país. Asimismo, se comprobó la inexistencia de cualquier tipo de contrato laboral que regulara su situación con el titular de la explotación. Como consecuencia de estos hechos, la Inspección de Trabajo ha formalizado un acta para proponer una sanción calificada como muy grave, atendiendo a la normativa laboral y de seguridad social.
Por su parte, el titular de la ganadería fue detenido y trasladado para su puesta a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia Número 1 de Sahagún. El detenido se enfrenta ahora a cargos penales por vulnerar los derechos de los trabajadores, un proceso que se desarrolla de forma paralela a la vía administrativa sancionadora iniciada por Trabajo.
Esta actuación conjunta forma parte de los planes de control que se desarrollan periódicamente en el sector agrario y ganadero de la provincia para combatir la economía sumergida y garantizar la protección de los derechos de los operarios, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por su estatus administrativo.



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