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La investigación, enmarcada en la denominada operación Ammonium, se puso en marcha tras detectarse irregularidades en la gestión de residuos de una industria dedicada al tratamiento de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Durante las inspecciones iniciales, se comprobó que las instalaciones de la estación depuradora de la empresa presentaban acumulaciones de sustancias espumosas que rebosaban de los depósitos, filtrándose directamente al terreno circundante.
El vertido alcanzó la zona de servidumbre del río, generando un empantanamiento de residuos sobre suelo no impermeabilizado que llegó a ocupar el cauce. En el momento de la detección, el río Pirón se encontraba seco, por lo que el caudal existente estaba formado íntegramente por el vertido industrial, que presentaba una coloración oscura, formación de costras y restos grasientos adheridos a las márgenes.
Personal técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero y agentes especializados procedieron a la toma de muestras de agua y tierra en las zonas afectadas. Los análisis posteriores, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses junto al Laboratorio de Aguas del organismo de cuenca, confirmaron que los niveles de contaminación superaban de forma amplia los límites legales autorizados. Los resultados acreditaron la existencia de un riesgo grave para el equilibrio del medio ambiente y daños de consideración al dominio público hidráulico.
El Código Penal contempla para este tipo de infracciones penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años en su modalidad básica, además de multas e inhabilitaciones especiales. En el caso de que se determine una modalidad agravada por la gravedad de los daños, las penas de cárcel podrían alcanzar los cinco años y las multas extenderse hasta los 24 meses.
